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Cambio Climático, Sostenibilidad Francia prohíbe los vuelos nacionales que se puedan hacer en tren

El país incluye esta medida en su nueva Ley del Clima con la que pretende reducir sus gases de efecto invernadero en un 40% para 2030

Francia se ha mostrado a favor de prohibir todos los vuelos nacionales dentro de su país, cuyos trayectos puedan hacerse en tren en menos de dos horas y media. El objetivo, reducir las emisiones de carbono en Francia procedentes de la vía aérea. La medida forma parte del proyecto de su Ley del Clima en la que el país está trabajando. De momento, los diputado ya han votado a favor de esta prohibición.

Francia se ha propuesto reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, uno de los compromisos firmados por varias potencias mundiales en el Acuerdo de París. Para conseguirlo, el país trabaja en una ambiciosa normativa llamada «Clima y resiliencia» que aborda, entre otros muchos puntos, la contaminación procedente de la movilidad aérea.

En este sentido, Francia plantea prohibir determinados vuelos domésticos cuando un viaje en tren permite realizar el mismo trayecto en menos de dos horas y media, transporte que genera menos emisiones a la atmósfera.

«Es una transición», dijo a medio locales Agnès Pannier-Runacher, ministra de Industria. “Asumimos nuestras responsabilidades en materia de ecología pero las asumimos de forma proporcionada. Apoyamos a las empresas que deben cambiar de modelo. En este caso, en lo que respecta al transporte aéreo, sabemos que es uno de los más importantes. Debemos reducir masivamente las emisiones de CO2 por razones de cambio climático«, afirmó a Cnews.

El anuncio salta en plena crisis del sector aéreo por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las autoridades francesas indican que el objetivo del país es que para 2030 se tenga el mismo número de aviones pero menos carbono.

Compromiso de 200 países: reducir las emisiones para contener el calentamiento global

El problema de las emisiones de carbono, que contribuyen al calentamiento global del planeta, es uno de los principales retos para todos los países. De hecho, la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, que se reunirá el próximo mes de noviembre en Glasgow abordará entre sus puntos claves este tema con el objetivo de acelerar la acción contra el cambio climático.

El compromiso acordado por los 200 países que forman parte de esta conferencia -entre los que están Francia o España, por ejemplo- es mantener el calentamiento global del planeta por debajo de los 2ºC respecto a los valores pre-industriales. Para ello, todos deben comprometerse en intensificar las políticas y medidas que disminuyan las emisiones de carbono de origen antropológico, el principal gas responsable del cambio climático.

El objetivo acordado en la COP26 es mantener el calentamiento global del planeta por debajo de los 2ºC respecto a los valores pre-industriales

De ahí que muchos países ya aceleres su carrera en cuanto a medidas que ayuden a alcanzar estos objetivos puestos encima de la mesa en el Acuerdo de París, firmado hace ya más de 5 años.

España en este sentido firmó en el Congreso a principios del mes de abril de 2021 su Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se compromete con esta normativa a reducir un 39% la emisiones de gases procedentes de sectores varios (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura).

Medidas de movilidad aprobadas por la Ley de Cambio Climático en España

España en su Ley de Cambio Climático no incluye de momento ninguna medida específica que afecte al transporte aéreo. En el programa eso sí se contemplan iniciativas sobre movilidad sostenible para la disminución de emisiones procedentes del sector del transporte.

Por ejemplo que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten nuevos planes de movilidad para reducir sus emisiones. Está fórmula ya está en marcha en grandes ciudades como Madrid y Barcelona pero se espera que se extienda a muchas otras pequeñas ciudades. 

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O para dar un buen empujón al coche eléctrico, a partir de 2023, que todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento, cuenten con infraestructuras de recarga eléctrica. Las gasolineras, también, deberán contar con puntos de recarga eléctrica. Para legar a objetivo hará falta una inversión de 44 millones de euros.

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